VALENCIA. El Partido Popular ha presentado un total de 22 enmiendas a las que ha tenido valenciaplaza.noticiases.info en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación de un servicio público de radio y televisión autonómica que, en el fondo, impedirán que se pueda cumplir con ese objetivo a corto y medio plazo.

La clave de todas las enmiendas presentadas por el PP está en la introducción de una disposición adicional, la tercera, en la que se fijan las condiciones que deben darse para que Les Corts y el Consell pongan en marcha el proceso que se describe en la ILP para recuperar RTVV.

De las cinco condiciones, hay tres que coinciden con el discurso que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha venido repitiendo desde que, sorpresivamente, abriera la puerta una posible reapertura pese a ser el responsbale último del cierre.

Se trata de las siguientes condiciones, que se deben cumplir todas:

1. Que no suponga un incremento de la deuda pública de la Generalitat ni un incumplimiento de la política y criterios de estabilidad presupuestaria y déficit público, fijados por ley.

2. Que no suponga minoración de las partidas destinadas a los servicios públicos de sanidad, educación y bienestar social.

3. Que no suponga incremento de la presión fiscal de los ciudadanos a través de los impuestos propios y cedidos.

Pero a estos tres aspectos, que están vinculados a una mejora económica, que fue la excusa por la que Fabra cerró la televisión, en la enmienda del PP, firmada por el síndico Jorge Bellver se añaden otras dos condiciones:

1. Que se produzca la liquidación definitiva de la entidad pública que anteriormente prestaba el servicio público de radio televisión valenciana.

2. Que sean firmes las resoluciones judiciales pendientes sobre la constitucionalidad de la Ley de Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico de titularidad de la Generalitat, como también de [los recursos judiciales] a la disolución y liquidación de RTVV SAU y sobre el expediente de regulación de empleo relativo a la extinción de la plantilla anterior.

Estas dos condiciones, al margen de las subjetivas de la mejora de la economía, tienen un grave problema de tiempos, ya que la liquidación total de una empresa puede alargarse durante décadas, ya que es un proceso en el que hay que realizar todos los activos (vender desde las cámaras al mobiliario, por ejemplo) y pagar los pasivos. Mientras no se vacía completamente el balance de la compañía no se da por liquidada. 

Respecto a los procesos judiciales, el de Constitucionalidad, lo interpuso el PSPV y está pendiente de resolución en el Alto Tribunal, mientras que sobre el ERE hay una demanda en la Audiencia Nacional presentada por CGT al conjunto del despido de los empleados, pero también hay miles de denuncias individuales, para cuyos juicios en algún caso se están marcando fechas a más de dos años vista.

La redacción origial de la ILP fijaba en un plazo de seis meses desde la aprobación del texto para que el Consell presentase un plan de recuperación del servicio público de RTVV. Este plazo ha desaparecido del texto por la vía de las enmiendas. De hecho, en la mayoría de los artículos se incluye la muletilla "cuando se cumplan las condiciones de la disposición adicional tercera".  

UNA TELEVISIÓN BILINGÜE

En las enmiendas presentadas por el PP hay detalles menores pero que afectan al espíritu de la ILP, como por ejemplo el tema lingüístico. De hecho, elimina la exclusividad de emisiones en valenciano e introduce la obligación de que la programación también sea en castellano. Llama la atención además, la obsesión de Bellver de introducir el término 'idioma valenciano' para referirse al valenciano.

Por otro lado, la propuesta del PP enmienda el artículo de la ILP en la que se pedía que la gestión de una futura RTVV fuera directa. El texto de Bellver abre la puerta a privatizaciones parciales de la programación.

La ILP se debatirá en comisión el próximo lunes y, según ha podido saber este periódico, el resto de grupos parlamentarios no han presentado enmiendas y han mantenido el texto original.