ALICANTE (EP). El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha instado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) a adoptar "medidas urgentes" para investigar todas las denuncias recibidas por presuntas infracciones urbanísticas y tramitar los expedientes de restauración de la legalidad y sancionadores. Así, muestra su "preocupación" porque la toma de decisiones pueda "llegar demasiado tarde" y con "graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente".
Así consta en la Resolución de Recomendaciones a la istración, emitida por el defensor del pueblo valenciano, sobre la queja de oficio iniciada por la "demora en la tramitación de miles de expedientes de restauración de la legalidad urbanística", que señaló a esta institución la propia AVPT.
Esta situación generó al Síndic una "gran preocupación" sobre la organización, los recursos humanos y materiales y el funcionamiento actual de la AVPT. En particular, cuestionó su "capacidad para servir a los intereses generales y cumplir con las competencias que le asigna la legislación".
"Las medidas podrían llegar demasiado tarde"
En este sentido, Luna expresa su "inquietud por los importantes retrasos de la AVPT en reaccionar ante las denuncias ciudadanas". Su "preocupación" se centra en que "la adopción de medidas necesarias podría llegar demasiado tarde, teniendo graves consecuencias para la salud pública o el medio ambiente".
El defensor también destaca el "riesgo de realizar obras de construcción en suelos no urbanizables, como zonas inundables, que podrían causar problemas graves en caso de lluvias torrenciales o episodios de dana, fenómenos habituales" en la Comunitat Valenciana.
Además, los "retrasos en la respuesta a las denuncias por infracciones urbanísticas socavan la confianza de los ciudadanos en la democracia". Por ello, considera que "la istración autonómica debe actuar rápidamente y sin excusas para garantizar el funcionamiento adecuado de la AVPT, creada para asegurar el respeto a la legalidad urbanística en suelos no urbanizables y sancionar las infracciones graves o muy graves", según recoge el defensor del pueblo valenciano en un comunicado.
En este contexto, el Síndic entiende que "no resulta adecuado asumir que las demoras, carencias y deficiencias detectadas requieren de un periodo de tiempo más prolongado para ser corregidas, como apunta en su informe la Agencia investigada poniendo como excusa que, aunque nació en 2021, solo se puede entender completamente dotada a partir del inicio del año 2023, en que se ampliaron los puestos de trabajo".
En la resolución, consta que "no parece adecuado crear un sistema que dé a un organismo autonómico toda la responsabilidad de gestionar y resolver asuntos urbanísticos, excluyendo a los municipios, sin asegurarse primero de que este tiene los recursos y la capacidad necesarios para proteger y restaurar la legalidad urbanística de manera efectiva, especialmente en casos graves".
"Mecanismos propios"
Por otra parte, el Síndic considera "fundamental" que la AVPT "no dependa exclusivamente de las denuncias de los ayuntamientos o ciudadanos, sino que tenga mecanismos propios para detectar y actuar de oficio sobre infracciones graves".
Asimismo, insiste en que "se debe garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de restauración de la legalidad y reforzar los mecanismos de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento, evitando la consolidación de obras ilegales".
De hecho, el defensor del pueblo valenciano también recomienda que la AVPT "adopte todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento real y efectivo de las obligaciones asumidas por las istraciones locales adheridas y las personas que integran y prestan servicios en ellas".
Asimismo, Luna recuerda "la importancia de que las istraciones urbanísticas reaccionen con prontitud y firmeza ante las denuncias, investigando y adoptando las decisiones necesarias para restaurar la legalidad urbanística".
Y apunta que, "aunque no siempre es fácil reaccionar rápidamente ante todos los ilícitos urbanísticos, las istraciones públicas competentes tienen la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para restablecer la legalidad con prontitud".
