VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha anunciado que este miércoles presentará dos denuncias ante la Fiscalía contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por supuestos vertidos en dos parcelas contiguas al Barranco del Poyo de residuos y vehículos que acabaron en el cauce de esta infraestructura tras la Dana del pasado 29 de octubre. 

La denuncia se dirige a la CHJ “por ser la responsable del barranco y de las actuaciones y obras que se están realizando en este sitio”, según ha explicado este miércoles el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, en una rueda de prensa. Según ha detallado, el Gobierno autonómico cuenta con un total de tres informes del cuerpo de agentes medioambientales que constata la “gran cantidad de residuos que han aparecido en la zona”, así como que “sigue habiendo vehículos” siete meses después de la riada “en la zona de la rambla y en el interior del cauce”. 

“Nuestra única intención que tenemos con las actuaciones que vamos a llevar a cabo es cumplir con la legislación vigente y la defensa y protección del medio ambiente y todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”, ha defendido Mérida en una rueda de prensa en la que ha asegurado que los residuos “están siendo trasladados desde el propio cauce a la parcela contigua sin ningún tipo de tratamiento ni acondicionamiento del terreno”, lo que incumple la normativa vigente. 

Mérida ha sido especialmente crítico y ha remarcado que estos residuos “están siendo vertidos y enterrados” en la mencionada parcela, que, según ha explicado, cuenta con una superficie de siete hectáreas. Unas actuaciones que ha contrapuesto con las llevadas a cabo por el Consell: “Trabajamos para la gestión de un millón de toneladas de residuos y lo hemos hecho siempre cumpliendo con extrema pulcritud la normativa vigente”, ha asegurado Mérida, que ha puesto en valor el contrato adjudicado a Urbaser, Paprec y Prezero para la gestión de estos residuos por valor de 179 millones de euros. 

Mientras que, respecto a los vehículos, ha asegurado que se sitúan en una parcela entre 1,5 y 2 km aguas arriba de donde se está realizando supuestamente el vertido de residuos. En este enclave se ha constatado la presencia de un total de 301 vehículos, según informes de la Generalitat. “Hace unos meses denunciamos la presencia de estos vehículos y han pasado 7 meses desde el 29 de octubre y los vehículos siguen en el mismo lugar en el que estaban con el peligro medioambiental que supone”, ha denunciado Mérida.

El secretario autonómico ha señalado que hay gente que acude a la zona para “desmontar esos vehículos sin seguridad alguna y sin que nadie intervenga”. En este caso, también ha comparado esta situación con los trabajos llevados a cabo por el Ejecutivo autonómico en la gestión de en torno a 130.000 vehículos afectados por la riada: “Los gestionó la Generalitat con una gran presión del Gobierno de España, que la ejerció sobre todos, excepto sobre ellos mismos”, ha criticado. 

Mérida se ha referido a la disposición adicional décima del Real Decreto 8/2024 sobre medidas urgentes por la Dana y ha asegurado que, en base a ello, corresponde a la CHJ la gestión de los vehículos que se encontrasen en los cauces tras la riada. Además, aquellos que no han sido retirados antes del 28 de febrero, se consideran abandonados, por lo que deben ser trasladados a un centro de tratamiento. 

Por todo ello, el secretario autonómico ha explicado que la Generalitat ha pedido al Seprona que se constaten todos estos hechos y se corrobore lo dispuesto en los informes elaborados por el cuerpo de agentes medioambientales de la Generalitat a fin de determinar el grado de responsabilidad tanto de la CHJ, como incluso del Ayuntamiento de Ribarroja o del propietario de la parcela. 

"Dejadez de funciones y mala praxis"

Mérida ha asegurado que el vertido de residuos “sin ningún tipo de control podría conllevar un riesgo altísimo de contaminación del suelo y de aguas subterráneas” y ha considerado que existe una “más que evidente dejadez de funciones y mala praxis en la gestión que deja en absoluto estado de desamparo e indefensión a más de 300 propietarios de vehículos”. 

“Entendemos que, si alguien está llevando a cabo una actuación, lleva una supervisión. Lo contrario sería una dejadez de funciones”, ha remarcado el secretario autonómico, que ha instado a la CHJ a “retirar todos los residuos que han aparecido” y llevarlos “a un gestor autorizado”. “Lo que parece que se está haciendo es poner residuos en parcelas sin control. Esto no forma parte de la emergencia de los primeros meses. Los residuos hay que gestionarlos por la vía que toca”, ha sentenciado. El Ayuntamiento de Ribarroja, preguntado por este periódico, ha rechazado hacer declaraciones sobre esta situación. 

La CHJ niega los hechos

Por su parte, la CHJ ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que los hechos narrado por Mérida son "completamente falsos". "En estos momentos, la Confederación Hidrográfica del Júcar no está realizando ningún tipo de trabajo en esta zona, y en los trabajos que ha realizado en ningún caso ha acumulado residuos en las parcelas citadas", ha asegurado la entidad. 

En este sentido, explican que los agentes medioambientales señalan que el punto del vertido de residuos al que la Generalitat hace referencia "podría tener su origen en un antiguo vertedero del que no se tenía constancia antes de la Dana" y que ha aparecido durante unos trabajos que está realizando el Ministerio de Transportes en la A-3. Por otro lado, la CHJ asegura que desconoce la procedencia de los 300 vehículos a los que hace referencia el Consell e indica: "Parecen encontrarse en parcelas privadas y fuera del dominio público hidráulico". Es por ello que desde este organismo lamentan que se haya trasladado a la fiscalía una denuncia "sin pruebas" y "prescindiendo de las mínimas diligencias previas".