VALÈNCIA (EP). La Generalitat presentará un recurso contencioso-istrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el registro único de arrendamientos y crea la ventanilla única digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo.

El objetivo es "evitar el perjuicio al sector turístico de la Comunitat Valenciana, que ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación", manifiesta la consellera de Turismo, Marian Cano.

"Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024", argumenta en un comunicado la también responsable de Innovación, Industria, Comercio.

El Consell está "absolutamente de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero absolutamente en desacuerdo con la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central".

"Es importantísimo controlar el alquiler turístico ilegal, pero desde una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real", sostiene Cano, para quien "esta norma impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación".

"Soberbia"

El pasado 24 de febrero, la Conselleria presentó un requerimiento previo para corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad, "pero el Gobierno de Sánchez ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios".

"Queremos impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes, y que se respete la competencia autonómica para actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios", insiste la consellera.

Por todo ello, exige "una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico".

Rodríguez critica que CCAA pongan "palos en la rueda" 

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado este viernes que haya gobiernos autonómicos que "pongan palos en la rueda" a las medidas sobre vivienda recurriendo ante los tribunales. 

"La ciudadanía no quiere que discutamos de las competencias, sino que le demos respuestas y soluciones, y es lo que hace la ministra de Vivienda al ofrecer soluciones para garantizar el a la vivienda, para abaratar los alquileres, para impedir la especulación y es lo que deseo y demando de todas las istraciones públicas", ha subrayado Rodríguez en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

La ministra ha afirmado que las comunidades "tienen mucho que decir en materia de regulación del turismo o en materia de competencias en torno a la vivienda" y ha señalado que lo que ella les pide es que las "ejecuten al máximo".

"Lo que no entiendo es que cuando se ponen encima de la mesa instrumentos como éste (registro de pisos turísticos), que incluso además lo que hacemos es desarrollar normativa europea, en lugar de acompañar este desarrollo, se pongan palos en la rueda", ha lamentado la ministra.

"¿Cómo se le explica a un malagueño que su Gobierno no quiere que el Gobierno de España persiga los alojamientos turísticos ilegales en Málaga o que pongamos coto para que dejen de expandirse, para que dejen de impedir el a la vivienda o para que dejen de encarecerse los alquileres en la calle Larios? ¿O cómo se explica que el Ayuntamiento de Madrid tenga sobre la mesa todos los alojamientos turísticos ilegales que existen en la ciudad y no nos dediquemos a perseguirlos, sino a discutir quién lo tiene que hacer?", se ha preguntado Rodríguez.

Así, la ministra ha asegurado que "no comprende" el recurso de la Junta de Andalucía contra el registro de pisos turísticos, pues es una herramienta que proporciona soluciones a las comunidades autónomas, que tiene la competencia de perseguir estos pisos turísticos ilegales o de regular el turismo, por ejemplo a través de una tasa turística o dictando, a nivel local, ordenanzas que impidan la implantación de pisos turísticos.

"Yo creo que da igual a quien hayan votado los andaluces. Hay una amplia mayoría que comparte conmigo que hemos de regular, si no prohibir, la presencia de pisos turísticos que impiden que ellos puedan vivir en sus ciudades", ha recalcado.