VALÈNCIA. El caso de la Dana se ha convertido en una macrocausa judicial con hasta una cuarentena de acusaciones, entre acusaciones particulares y populares. Era de esperar, teniendo en cuenta la envergadura de la catástrofe, que provocó 228 fallecimientos y otros muchos perjudicados, y la consecuente magnitud mediática del proceso penal abierto en el juzgado 3 de Catarroja. En él concurren una amalgama de partes con intereses propios, en muchos casos dispares, que hacen de la instrucción una suerte de jaula de grillos, con numerosas peticiones de diligencias, escritos, autos y recursos, y donde las declaraciones de testigos e investigados se alargan durante horas, sometidos a las preguntas de todas ellas, además del Ministerio Fiscal y las defensas de los dos imputados.

En ese sentido, la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, una de las personas investigadas, solicitó a la jueza la acumulación de las acusaciones porque, sostenía, el gran "volumen" afecta "al buen devenir" de la investigación y causaba indefensión a Pradas porque se estaba provocando dilaciones e incluso algunas notificaciones estaban siendo "tardías y deficientes". La petición buscaba, de esta manera, aglutinar las diferentes acusaciones "en una o varias representaciones y que sean dirigidos por la misma o varias defensas, en razón de sus respectivos intereses".

Este miércoles, la magistrada ha pedido al letrado de Pradas que "aclare" su propuesta de unificación, si afecta tanto a las acusaciones particulares como populares y "sobre qué criterios interesa la unificación". Porque este es, a la postre, el quid de la cuestión: "las posturas claramente divergentes" de todas ellas y que "se desprenden de solicitudes de prueba, recursos y adhesiones a los mismos", como explica la propia magistrada en la providencia emitida.

No hay que olvidar que además de las decenas de acusaciones particulares, que representan directamente a familiares de las víctimas, entre las cuales está la asociación SOS Desaparecidos, pero también abogados que defienden a una o varias familias, están personados varios partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos (FTAP-CGT, Intersindical Valenciana) y otras asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més). Todas ellas con su propia estrategia y persiguiendo unos objetivos determinados.

En el escrito presentado por el abogado de la exconsellera, aseguraba que el argumento de que hay partidos de diferente ideología "no puede ser itido en modo alguno": "El signo político de las acusaciones es absolutamente irrelevante, pues lo que se persigue en todo proceso penal es la persecución de un interés general, consistente en el esclarecimiento de unos hechos y su posible respuesta en el ámbito penal, lo que es absolutamente ajeno al debate político que no tiene su sitio en un procedimiento penal". Ahora, deberá presentar un escrito con su propuesta de agrupación.

Lo que está claro para la defensa de Pradas es que la gran cantidad de partes "está dificultando la tramitación del procedimiento y afectando frontalmente a su desarrollo sin dilaciones indebidas, al derecho de defensa y a la propia integridad del procedimiento, como viene reconociendo el Juzgado". De hecho, puso como ejemplo que la notificación sobre la declaración de una operaria del 112 le llegó dos días después de su comparecencia en el juzgado.

A ello hay que sumar la extensión que acaban teniendo algunas declaraciones. La más extensa fue la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se alargó durante casi siete horas "sin el menor receso para almorzar, acudir al baño o permitir el descanso a los letrados intervinientes y a la propia testigo", expone el letrado de Pradas. Aquello obligó a posponer la comparecencia del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. No son pocas las partes que refieren durante las declaraciones preguntas fuera de lugar, reiterativas o simplemente evitables porque las respuestas ya se han dado a lo largo de la comparecencia.

En este contexto, el escrito del abogado de la exconsellera defendía que estas condiciones no son "las más idóneas, dicho sea con todos los respetos, para desarrollar una instrucción en condiciones". Además, el letrado apuntaba a que con tanta acusación se "hace imposible garantizar el carácter reservado de la instrucción". "Se trata de algo realmente insólito, por mucha atención mediática que tenga el caso, pues se conculca, como algo inevitable, el carácter secreto que debe tener toda instrucción", aseguraba en su escrito.