VALÈNCIA. Los familiares de las víctimas del incendio de Campanar batallan para que no se cierre la investigación judicial. El juzgado decretó la pasada semana el sobreseimiento provisional de la investigación sobre la catástrofe, que calcinó totalmente un edificio y acabó con la vida de diez personas, al entender que los hechos no presentan caracteres de delito. Sin embargo, las defensas de los familiares han recurrido el auto y, entre otras cosas, exigen "exhaustividad, rigor e independencia" en la investigación.

En uno de los escritos, presentados por el abogado Manolo Mata en representación del familiar de dos víctimas, asegura que la investigación que se pretende archivar no ha reunido "las mínimas garantías de exhaustividad, rigor e independencia de quienes han comparecido", por lo que se debería complementar "con diligencias adicionales para llegar al total esclarecimiento de los  hechos  que  tanto  dolor  han  generado  a  la  sociedad valenciana  y  a  los familiares de las personas fallecidas".

En ese sentido, el escrito de la acusación particular, al que ha tenido este diario, sostiene que la investigación judicial realizada hasta la fecha es "sesgada, parcial e inútil en cuanto que se basa en meras conjeturas, sin base científica, orientada desde el primer momento en avanzar hacia el archivo", por lo que no puede considerarse cerrada ni suficiente, y reclama que se continúe con la instrucción al entender que aún existen múltiples elementos por esclarecer.

Así, según se expone en el escrito, la instrucción se habría construido principalmente sobre los testimonios y la documentación procedente del propio cuerpo de bomberos, sin incluir análisis técnicos independientes que permitan contrastar la versión oficial de los hechos. Pero a su juicio, el fallecimiento de diez personas "de forma violenta" y "en condiciones horrorosas" exige "meticulosidad en el descarte de si las mismas eran inevitables e imprevisibles", por lo que esa decisión "no puede descansar únicamente en opiniones y documentos elaborados por quienes tenían el encargo social de velar por la protección de las vidas en un incendio". De hecho, recuerda que pasaron más de tres horas desde que se inició el incendio hasta que se produjeron los fallecimientos.

Entre los principales reproches, la acusación subraya la exclusión de documentos y referencias relacionadas con el incendio de la Torre Grenfell en Londres, pese a que dicho siniestro compartía elementos técnicos y estructurales relevantes, como el uso de revestimientos inflamables en la fachada y el origen del fuego en un electrodoméstico. También se considera un error no haber tenido en cuenta las recomendaciones europeas recogidas en el proyecto FireStat, específicamente orientadas a prevenir tragedias de ese tipo.

En el escrito, se denuncia la falta de precisión y coherencia entre los datos aportados por los testigos, los partes de intervención y los informes oficiales. Se señala, por ejemplo, que el auto se refiere al inicio del incendio con expresiones vagas como “a eso de las 17:30”, cuando existen registros que sugieren comunicaciones previas y desplazamientos de efectivos policiales ya a las 17:40. No se aclara la secuencia ni el tiempo de respuesta de los equipos de bomberos, ni se establece con rigor qué unidades llegaron primero, qué funciones cumplían y qué medios materiales estaban disponibles.

La acusación apunta también a la confusión en torno al funcionamiento del vehículo autoescalera, elemento clave para los rescates verticales. Aunque el auto afirma que la avería de ese primer camión no tuvo incidencia en el desarrollo de la operación, no se explicita cómo se compensó esa carencia en una emergencia de carácter vertical. Tampoco se detalla si existían alternativas operativas, si fueron desplegadas ni qué impacto tuvo esa circunstancia en el resultado final.

Otro de los aspectos criticados es la omisión de un análisis técnico sobre la propagación del fuego. El recurso considera inaceptable que no se haya valorado el comportamiento del incendio en función de factores como el viento, la estructura del edificio, los materiales de fachada o el efecto chimenea generado en la caja de escaleras. A juicio de la acusación, estas variables son determinantes para entender la evolución del fuego y evaluar la idoneidad de la estrategia seguida por los mandos del operativo.

Asimismo, se reprocha al juzgado que no haya investigado si las víctimas estuvieron en o con los servicios de emergencia y si recibieron indicaciones para su protección. Se desconoce si desde el 112 se ofrecieron pautas de actuación, si se evaluó la viabilidad de una evacuación temprana o si hubo decisiones técnicas deliberadas que aconsejaran lo contrario. Tampoco se ha aclarado si se intentó identificar las viviendas ocupadas ni cómo se priorizaron los recursos de rescate.

También otorga relevancia la acusación a la falta de información sobre el Puesto de Mando Avanzado, estructura clave en este tipo de emergencias. El recurso lamenta que no se haya identificado con claridad quién lo dirigía, qué criterios se adoptaron en cada momento ni cómo se comunicaron las decisiones a los equipos desplegados. Se considera un vacío inaceptable en una investigación judicial que debe determinar responsabilidades operativas.

Por otro lado, se destaca que no consta un análisis del momento en que se produjo el cambio de estrategia, pasando de una fase de salvamento a una de mera extinción, ni si esa decisión fue adecuada a la evolución del incendio. Se desconoce, según el recurso, si se evaluó la posibilidad de lanzar agua desde el exterior, siguiendo las recomendaciones técnicas basadas en teorías físicas como la de Bernoulli, para reducir la carga térmica interna de las viviendas afectadas.

Se reprocha igualmente que no se haya investigado si se valoraron adecuadamente las condiciones meteorológicas, la dinámica del incendio o los efectos de determinadas decisiones tácticas, como permitir el a la azotea en medio del fuego, lo que pudo haber potenciado el conocido efecto chimenea en el hueco de la escalera. A juicio de la acusación, todas estas cuestiones deberían haber sido objeto de análisis objetivo, sobre todo teniendo en cuenta que el fuego se propagó de forma extremadamente rápida y que las muertes se produjeron a lo largo de un intervalo de más de tres horas desde el inicio del suceso.

De este modo, en el plano jurídico, el recurso considera que no puede descartarse la existencia de un delito de homicidio imprudente, al entender que las muertes producidas podrían haber sido evitables si se hubieran adoptado medidas de prevención o actuación distintas. Sostiene que una eventual responsabilidad penal por imprudencia requiere una investigación más profunda, y que el carácter accidental del incendio no excluye automáticamente la posibilidad de responsabilidad por omisión o gestión negligente por parte de quienes tenían el deber legal de garantizar la seguridad.

En consecuencia, la acusación solicita al juzgado que se revoque el auto de sobreseimiento y se continúe la instrucción, incluyendo la incorporación de nueva documentación istrativa y la elaboración de una pericial técnica por parte de expertos independientes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Considera imprescindible obtener todas las comunicaciones internas de los servicios de emergencia y del Ayuntamiento de Valencia, así como reconstruir con exactitud la cronología del suceso y de las decisiones operativas adoptadas por los mandos responsables del operativo.