VALÈNCIA. PP y Vox aprobaron a última hora de este miércoles los Presupuestos de la Generalitat para este 2025 tras un arduo debate en Les Corts Valencianes que se celebró con el ojo puesto en el reloj. Con 53 votos a favor y 46 en contra, el Parlamento autonómico dio luz verde pasadas las 22.30h a unas cuentas que llegan en el ecuador del ejercicio fruto de unas intensas negociaciones entre populares y voxistas en un contexto marcado por la gestión de la Dana que asoló decenas de municipios valencianos el pasado mes de octubre y que provocó la muerte de 228 personas.

Lo cierto es que la modificación del calendario parlamentario para celebrar el pleno en un único día y evitar la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en Les Corts cuando se cumplen siete meses de la Dana, obligó a exprimir al máximo los tiempos en el guion del pleno. No obstante, la puesta en escena fue ligeramente distinta, pues las cuentas no empezaron a ser votadas hasta las 21.58h, en torno a hora y media después de lo inicialmente previsto, y la aprobación se demoró hasta las 23.02h, es decir, tras una maratoniana jornada de 13 horas. Todo ello con un debate en el que apenas hubo novedad en los argumentos de los diputados respecto a lo visto en la Comisión de Presupuestos, órgano en el que se han abordado y votado las enmiendas a las leyes de Presupuestos y Acompañamiento en las últimas semanas. 

Fuera del hemiciclo destacó el despliegue de la pancarta de Compromís para exigir la dimisión de Mazón pocos minutos antes del inicio de la sesión. Una acción a la que se sumó la protesta del personal laboral del departamento de La Ribera en los aledaños de la Cámara autonómica. Tras ello, la sesión arrancó de forma bronca desde ambos lados del hemiciclo, aunque fue calmándose con el paso del tiempo. Destacó la exposición, por parte de diputados de PSPV y Compromís, de la portada del diario Levante-EMV, que hacía referencia a una encuesta que señala que 8 de cada 10 valencianos consideran que Mazón debe dimitir. Además, respecto a la puesta de escena, también destacó la camiseta que vestía el síndic del PSPV, José Muñoz, sobre el Aita Mari, uno de los barcos de salvamento marítimo que tendrá que pagar tarifas portuarias, tras una iniciativa impulsada vía Ley de Acompañamiento. 

La sesión pasó por momentos especialmente tediosos durante sus horas centrales y tampoco se animó con la llegada del jefe del Consell, que se personó en la Cámara autonómica pocos minutos antes de las 18.00h. En este sentido, el pleno fue quemando etapas poco a poco - pese a que desde la Presidencia de la Cámara trataron de evitar que los diputados se extendieran en sus parlamentos - hasta llegar a su punto álgido: el momento de la votación, que se produjo cuando se cumplía justo medio día desde el inicio de la sesión. Tras ella, los aplausos de la bancada de la derecha contrastaron con los gritos de "Mazón dimisión" de los parlamentarios de PSPV y Compromís que inundaron la Cámara parlamentaria tras la aprobación de las cuentas, por lo que la presidenta de Les Corts tuvo que intervenir con el objetivo de poner orden y evitar que las protestas continuasen durante la posterior intervención de los representantes de los grupos en la tribuna.

En este punto, cabe mencionar que también se votaron las enmiendas de PSPV y Compromís que no fueron aprobadas en la Comisión de Presupuestos. Los socialistas reclamaron la votación individualizada de propuestas como una iniciativa para restablecer el convenio de 600.000 euros con la UNRWA, la lucha contra la violencia de género o la dimisión de Mazón. No obstante, desde este grupo denunciaron el "veto" de la Mesa de la Cámara a la agrupación de las enmiendas para su votación. La Cámara pasó el trámite y con los 53 diputados de PP y Vox dio finalmente luz verde tanto a las leyes de Presupuesto como de Acompañamiento. De esta manera, Les Corts ponen punto y final al proceso de tramitación parlamentaria de estas dos normas justo el día en el que se cumplen dos años desde las elecciones autonómicas que convirtieron a Mazón en jefe del Consell. Ahora es turno de que la Generalitat Valenciana ejecute el presupuesto teniendo en cuenta que el plazo para hacerlo será más limitado que en otros años al haber sido aprobados a mitad del ejercicio.

PP y Vox defienden las cuentas y la oposición pide elecciones

La diputada de Vox, María Teresa Ramírez, fue la primera diputada en intervenir tras la aprobación de las cuentas autonómicas. Ramírez se mostró exultante: "Estamos de enhorabuena todos los valencianos, tenemos los mejores presupuestos en el peor momento de la Comunitat". En esta línea, aseguró que su formación ha sido "fiel a sus principios" y "consciente de que hay que pasar página" tras la catástrofe de la Dana, por lo que consideró que las cuentas autonómicas llevarán “ilusión” a la ciudadanía valenciana. Ramírez reconoció que a los voxistas les "hubiera gustado haber hecho más" en estos Presupuestos, pero ha considerado que son “los mejores” teniendo en cuenta el contexto financiero: "Estamos muy satisfechos". 

Tras ella, la diputada de Compromís, Aitana Mas, cargó contra el Consell y contra el president de la Generalitat, a quien le pidió su dimisión y la convocatoria electoral. En esta misma línea se mostró el síndic del PSPV, José Muñoz, que también insistió en denunciar que el pleno se hubiera celebrado en un único día: "El Partido Popular y Mazón han conseguido no estar el 29 de octubre en Les Corts Valencianes", declaró. Muñoz tildó de "mal demócrata" a Mazón y sentenció: "Señor Mazón, no sé el futuro de esta Comunitat, pero este es su último presupuesto, así que celébrelo". 

Cerró la sesión el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, que recriminó a los socialistas valencianos que su secretaria general, Diana Morant, asegurase pocos días después de la Dana que daría su apoyo a las cuentas autonómicas, aunque esta acción no será llevada finalmente a cabo. Pérez Llorca también afeó a los grupos de la oposición que "sigan apoyando al - presidente del Gobierno - Pedro Sánchez" pese a no aprobar los PGE y critiquen el acuerdo entre PP y Vox para sacar adelante las cuentas autonómicas. "Con Presupuestos, recuperación; sin ellos, mediocridad y muchísima incertidumbre": "Hoy, cualquier persona afectada sabe que recibe y cobra las ayudas de la Generalitat, pero no tienen la certeza de las ayudas del Estado porque no tienen presupuestos", aseguró. Por su parte, Mazón señaló, al finalizar la sesión, que las cuentas permitían "tener recuperación, estabilidad, certidumbre y los pies bien armados para avanzar con más rapidez, eficacia y certezas para el pueblo valenciano" tras la situación provocada por la dana del 29 de octubre. "Es un paso muy importante. Y mañana, a trabajar", sentenció.

Vox incluye sus exigencias en los Presupuestos

Respecto al contenido de los Presupuestos aprobados cabe resaltar el destacado papel que han tenido los voxistas durante las negociaciones. La formación que dirige Santiago Abascal planteó una serie de exigencias antes de la presentación de las cuentas autonómicas para alcanzar un preacuerdo con el Consell, a las que se suman las enmiendas presentadas a las cuentas anuales con el objetivo de llevar a cabo iniciativas como pruebas de edad a personas migrantes, un recorte al máximo de la partida destinada a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), así como temas más pragmáticos como son la eliminación de referencias a conceptos como "cambio climático" o "igualdad de género". 

Populares y voxistas transaccionaron un buen número de estas propuestas en un propuesto en el que unas pocas de ellas, como es el caso de la eliminación del servicio Orienta y el Espacio de Memoria LGTBIQ+, fueron tumbadas, mientras que la gran mayoría salieron adelante después de aplicar un poco de 'chapa y pintura'. A todas ellas se suman las enmiendas planteadas por el PP y que, mayoritariamente, fueron incluidas sin cambios en la norma presupuestaria. De entre aquello que se ha incluido finalmente en las cuentas autonómicas destaca precisamente la minoración presupuestaria a la AVL, que alcanza el 45% respecto a la dotación de 2024, y que supone que este órgano estatutario apenas podrá cubrir el pago de nóminas a sus trabajadores.

Desde la entidad que encabeza Verónica Cantó se han enviado hasta la fecha un total de tres informes jurídicos a la Mesa de Les Corts alertando de la "ilegalidad" de este recorte: "Sin recursos económicos suficientes, se deja inoperativo el mandato estatutario que ordena a la Acadèmia la función de determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano", denuncia. En materia lingüística, también se impulsa un recorte de 500-000 euros en acciones para la difusión de la lengua valenciana en el ámbito social y 200.000 euros para la promoción del valenciano. Mientras que, en materia cultural, destaca la eliminación de ayudas a la Fundació Full (100.000 euros) y Fundació Bromera (30.000 euros). En este punto, cabe mencionar que los voxistas también querían retirar la subvención a la Fundación Max Aub (30.000 euros), una acción que finalmente fue desestimada tras las negociaciones con el PP. También se han impulsado minoraciones en las subvenciones a entidades culturales como la Federación de Muixerangues o la Federación Valenciana de Dolçainers i Tabaleters. 

Respecto a la política migratoria, se han dado luz verde a varias iniciativas impulsadas por la formación que encabeza José María Llanos en Les Corts, aunque un buen número de ellas han sido matizadas durante las negociaciones con el PP. Destaca una partida para la integración sociolaboral de los migrantes en su país de origen o una subvención para la "prevención y análisis de flujos migratorios y de tráfico de personas", así como la financiación de "campos de desplazados", por un importe de 6,8 millones de euros. También se ha aprobado una línea de 100.000 euros para que tres hospitales valencianos - uno por provincia - lleven a cabo pruebas de edad a personas migrantes. El Consell también destinará dos millones de su presupuesto a una nueva línea de "acuerdos de colaboración con países de origen de menores no acompañados" con el objetivo de llevar a cabo "reagrupaciones familiares".

Respecto a sindicatos y patronal, las cuentas autonómicas llevarán a cabo un recorte de 125.000 euros en las ayudas a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y de 436.000 euros a varios sindicatos, entre los que destacan UGT y CCOO, que suman la gran mayor parte de esta minoración presupuestaria. Tanto la patronal valenciana como las formaciones sindicales han expresado su rechazo a estas acciones al considerar que no existe un "respaldo claro al modelo de diálogo social".

Mientras que, en materia de memoria democrática, se plantea un recorte de en torno a dos millones de euros respecto a las últimas cuentas aprobadas por el Consell del Botànic, y retiran partidas destinadas a entes como la Cátedra de Derecho Foral Valenciano y Desarrollo Estatutario o la Associació de Juristes Valencians para destinar este presupuesto a acciones de "promoción" de la Ley de Concordia. En cualquier caso, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional suspendió este martes parte del articulado de esta norma al itir a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es por ello que, por ahora, "no se puede ejecutar ninguna partida vinculada directamente" a esta norma, tal y como confirman fuentes de la Conselleria de Justicia. 

Finalmente, cabe resaltar que las cuentas autonómicas incorporan cambios léxicos para eliminar referencias a conceptos como "cambio climático" y "perspectiva de género", así como dos iniciativas de Vox para destinar 1,7 millones de euros de las cuentas autonómicas a la financiación de obras en Nàquera, el único municipio valenciano en el que la formación que dirige Santiago Abascal ostenta la alcaldía. Si a las partidas dirigidas a Nàquera se suman las referentes a la "realización de jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana" en Oropesa, Xirivella, Sant Vicent del Raspeig, Elx, Orihuela, Burriana y Albal, la cantidad que Vox reclama destinar a municipios en los que forma parte del gobierno local asciende a cerca de 2,2 millones de euros. 

De las rebajas impositivas a la oficina antiokupación

Respecto a la Ley de Medidas Fiscales, conocida popularmente como Ley de Acompañamiento, salió adelante también con la misma mayoría parlamentaria: 53 votos a favor y 46 en contra. El texto que ha dado luz verde el Parlamento autonómico incluye una batería de rebajas fiscales en materias como el Impuesto de Patrimonio, tasa en la que se eleva el mínimo exento de 500.000 euros a un millón de euros. Se estima que en torno a 10.000 contribuyentes dejen de pagar este impuesto a partir del próximo ejercicio. También se incluye en el texto una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales -el que se paga, por ejemplo, al comprar una vivienda-, del 10 al 9%, y el tipo general del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) del 1,5 al 1,4%. Además, vía enmienda de aproximación, se quitó un impuesto a la Central Nuclear de Confrentes que supondrá un ahorro de 14 millones de euros anuales a la propietaria de esta instalación. En cualquier caso, estas rebajas se contemplan a partir de próximos ejercicios con el objetivo de no descuadrar las cuentas autonómicas. 

Vía Ley de Acompañamiento también se acometen cambios en la ley Trans, especialmente criticados por organizaciones LGTBI, y se crea una Oficina Antiokupación. También se crea la categoría estatutaria de Psicólogo General Sanitario, una cuestión a la que han mostrado su oposición diferentes organizaciones en las últimas semanas, aunque contó con la abstención del PSPV y Compromís en su debate y votación en la Comisión de Presupuestos. También se modifica de lleno la norma que regula las Iniciativas Legislativas Populares (ILP): el nuevo texto reduce los supuestos en los que se pueden presentar las ILP, aunque el texto inicial fue remodelado para dar vía libre a una iniciativa de Ens Uneix con el objetivo de bajar el listón electoral.  También se aprovecha el texto para regular por ley las mencionadas pruebas de edad a personas migrantes, la derogación del decreto del tanteo y retracto del Botànic, así como la restauración de "monumentos y cruces" al amparo de la Ley de Concordia. No obstante, en este último caso cabe reiterar los efectos del recurso de anticonstitucionalidad itido a trámite este martes por el Tribunal Constitucional.