VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València refuerza las medidas de seguridad de los futuros edificios residenciales tras el incendio de Campanar. El consistorio ha obligado a los promotores a cambiar la disposición de las escaleras, de forma que, cuando existan dos salidas de evacuación, éstas tengan que estar separadas, al menos, con una distancia mínima de tres metros. Una medida que pretende garantizar una mayor seguridad en casos de emergencia para evitar tragedias como la de hace año y medio en València, en la que perdieron la vida diez personas. Sin embargo, esta medida afecta a proyectos en tramitación, obligando a modificarlos, los que ha generado cierto malestar en el sector promotor.

En concreto, el consistorio aprobó el pasado 3 de marzo un dictamen basado en uno de los comentarios del Código Técnico de la Edificación, la norma que regula la construcción de edificios en España desde 2006, y que recoge esta situación de separación de escaleras. Cierto es que el texto no lo recoge explícitamente como una exigencia de obligado cumplimiento, pero sí se incluye en los comentarios que acompañan este texto y que son documentos complementarios, pero no reglamentarios. 

No obstante, dada la magnitud de la tragedia, los técnicos municipales del consistorio valenciano han decidido tomarlo en consideración y aprobar un dictamen que sentara cátedra a partir de ahora en los nuevos residenciales de la ciudad, según explican a este diario fuentes municipales.

De este modo, se ha fijado como criterio esta consideraciones del Código Técnico de la Edificación, que recomienda la separación entre salidas. Por tanto, el dictamen recoge que cuando un edificio requiera más de una salida de planta por altura de evacuación, tanto entre las cajas de escalera como entre los s a éstas y, en su caso, entre los s a sus vestíbulos, debe "disponerse una distancia mínima no menor de 3 metros ni de un tercio de la longitud del rellano de toda planta en la que sea exigible más de una salida". Y ello con el objeto de "minimizar el riesgo de que, en caso de incendio, ambas salidas puedan quedar inutilizadas simultáneamente".

Y es que, cabe recordar, que en el caso del edificio de Campanar las escaleras de cada bloque estaban juntas y durante la tragedia ambas quedaron bloqueadas por el humo, dejándolas inutilizadas. Por ello, ahora lo que se pretende es que si vuelve a ocurrir algún siniestro, al estar separadas, únicamente se inhabilite una de las salidas, permitiendo el uso de la otra para las labores de evacuación. 

Una medida que se ha implementado, según explican las mismas fuentes, tras un periodo de reflexión y análisis tras el trágico fuego. Después de la tragedia se mantuvieron una serie de reuniones técnicas para reforzar las medidas de seguridad en los edificios residenciales con el foco puesto en mejorar la seguridad. Y ha sido en el marco de estos encuentros cuando se ha decidido implementar esta medida para minimizar riesgos a futuro.

La nueva exigencia se acordó en febrero de este año, aunque no fue hasta marzo cuando se aprobó. Antes de hacerlo, se mantuvieron encuentros con el sector inmobiliario, especialmente la parte promotora, para advertirles de la modificación que se estaba fraguando. No obstante, la nueva exigencia sobre la disposición de las escaleras entró en vigor afectando a proyectos ya presentados y que ahora deben ser actualizados porque disponen las escaleras. Un hecho que ha generado cierto malestar, no tanto por el fondo del asunto, sino por las formas.

Desde el sector aceptan la medida y entienden su espíritu, dada la magnitud de la catástrofe, pero critican que afecte a los expedientes que ya están cursando el proceso de tramitación. Y es que muchas compañías subcontratan a despachos de arquitectos para el diseño o la validación de las promociones y este cambio supone un sobrecoste, además de que ralentiza su salida al mercado.

Existen diferentes casuísticas y algunos agentes han aceptado aplicar el cambio, mientras que otros han presentado alegaciones. De hecho, se han mantenido reuniones bilaterales entre la parte municipal y el afectado para analizar cada situación y conocer los detalles de cada expediente, la mayoría de ellos de viviendas de VPO. Desde el consitorio insisten en que la medida solo pretende reforzar aún más las condiciones de seguridad de los edificios residenciales. 

Por tanto, esta decisión se suma a otras ya acordadas por el consistorio valenciano para aumentar las medidas de seguridad en los edificios residenciales de la ciudad como la obligación a los promotores de planes contra incendios en sus proyectos o la exigencia a los constructores de presentar una ficha de intervención operativa para especificar con claridad cómo deben actuar los equipos de protección en caso de emergencia.