VALÈNCIA. La Conselleria de Sanitat ha resuelto la contratación de 480 plazas asistenciales en hospitales de día para la atención a la salud mental infantil y juvenil, un servicio de carácter esencial que, según los informes técnicos y epidemiológicos, responde a una creciente necesidad sociosanitaria en el territorio valenciano. La adjudicación tiene como objetivo atender a una población cada vez más vulnerable, que ha visto duplicarse e incluso triplicarse su riesgo de padecer trastornos mentales en los últimos años, especialmente tras el impacto de la pandemia. En concreto, la Encuesta de Salud de la Comunitat Valenciana 2022 revela que el 42,3% de las mujeres y el 39,7% de los hombres presentan riesgo de mala salud mental, con una prevalencia particularmente alarmante entre los menores de 25 años.
A la vista de este contexto, la Generalitat ha impulsado esta licitación para suplir las carencias estructurales del sistema público, que hasta la fecha solo contaba con dos hospitales de día especializados para menores, situados en Castellón y Alicante, y con una oferta insuficiente de apenas 25 plazas. El contrato se divide en 18 lotes, que abarcan todos los departamentos de salud de la comunidad y prevén la apertura o concertación de centros con una capacidad de entre 25 y 30 plazas cada uno, sumando un total de 480. La resolución ha otorgado la mayoría de los lotes licitados a las empresas Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. y Novaedat Benestar SLU. El presupuesto base de licitación sin impuestos era de 24,9 millones para dos años. El contrato tiene posibilidad de prórroga de 36 meses, por lo que éste podría ascender a los 64 millones.
La mesa de contratación, presidida por el jefe de la sección de Psiquiatría del Hospital Doctor Peset, José Martínez Raga, evaluó las ofertas recibidas con criterios técnicos y económicos orientados a garantizar la calidad asistencial. Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. fue la empresa que logró mayor puntuación en la mayoría de los lotes, aunque la limitación impuesta por el pliego sobre el número de adjudicaciones por empresa impidió que asumiera todos. En consecuencia, Novaedat Benestar SLU fue adjudicataria de los lotes de La Plana, Sagunto, Hospital General de Valencia, Alicante-San Juan y Denia. Eulen, por su parte, operará en zonas clave como Castellón, Gandía, Alcoi, Vila Joiosa, Elx, Elda, Torrevieja, y en los departamentos de salud de Valencia-La Fe, Clínico, Arnau de Vilanova, Doctor Peset, La Ribera y Alicante-Hospital General.
Siete empresas excluidas por prácticas anticompetitivas
La mesa de contratación también resolvió excluir del procedimiento a varias entidades por incumplimientos graves de los requisitos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). En primer lugar, la empresa Crea fue descartada por no presentar los precios unitarios exigidos en el Anexo I del Pliego de Cláusulas istrativas, lo que imposibilitaba la correcta valoración de su oferta económica. Este defecto formal, considerado insubsanable, vulneraba directamente las bases de la licitación.
Más grave aún fue la exclusión de dos grupos de empresas por vulnerar lo dispuesto en el artículo 139.3 de la LCSP, que prohíbe expresamente la presentación de ofertas concertadas entre entidades vinculadas. El primero de estos grupos, compuesto por Centro Terapéutico Espiral, Salud Cerebral Espiral y Salud Mental Valenciana, presentó una misma memoria técnica para todos los lotes, firmada por un único apoderado, con precios prácticamente idénticos y un reparto pactado de los 18 lotes licitados. Según recoge el acta de adjudicación, ninguna de estas sociedades optaba a los mismos lotes, lo que evidenciaba una estrategia de segmentación preacordada para simular competencia y maximizar su presencia sin superar el límite máximo de adjudicación por empresa.
A este conjunto de exclusiones se sumó otro grupo de empresas vinculadas: Neural Servicios de Salud, Neurocare Salud y la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide. También en este caso se observaron patrones sospechosos que apuntaban a una actuación conjunta, lo cual contravenía el principio de proposición única, autónoma e independiente que debe regir en toda contratación pública. La mesa fundamentó estas exclusiones no solo en los indicios objetivos recogidos en la documentación, sino también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece con claridad que la mera apariencia de concertación justifica la exclusión cuando se compromete la libre concurrencia.
