MADRID (EP). El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, planteará a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes de este viernes triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, a la vez que propone crear una base pública de precios de alquiler y compra/venta de inmuebles.
Según ha informado Moncloa, Sánchez ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes sirva para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.
En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.
Asimismo, el presidente del Gobierno propone a las comunidades "acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y crear una base de datos pública que permita a las istraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.
"Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa", defiende Moncloa.
Bruselas pide a España incrementar su oferta de vivienda pública
A su vez, la Comisión Europea ha instado al Gobierno a incrementar su oferta de vivienda pública y asequible, ya que esta se sitúa "muy por debajo" de la media de la Unión Europea, para lo que pide implantar medidas que deben centrarse en los jóvenes y los hogares con bajos ingresos.
Así se desprende del informe del semestre europeo que Bruselas ha presentado este miércoles, que avisa de que el parque de viviendas sociales de alquiler en España representa sólo el 1,5% del parque total, frente al 9% de media en la UE, según datos del Banco de España.
El documento acusa que "la escasez de vivienda y su efecto en el precio de la misma repercute en la renta disponible de los hogares y representa un reto, sobre todo para las familias con rentas bajas y los jóvenes".
La Comisión se basa en los datos del Banco de España que muestran que casi el 40% de los inquilinos españoles gastan el 40% de sus ingresos en alquiler y servicios públicos, frente a la media de la UE del 27%, al tiempo que la economía española presenta un déficit de vivienda de aproximadamente 600.000 unidades.
Para abordar el problema de la oferta, Bruselas ha apremiado al Gobierno a culminar la reforma pendiente de la ley del suelo, que "facilitaría el desarrollo de nuevas viviendas reduciendo los plazos de tramitación, fomentando la estabilidad normativa y eliminando cuellos de botella istrativos innecesarios".
