VALÈNCIA. El apagón que el pasado mes de abril afectó a todo el territorio peninsular simboliza a la perfección la situación política por la que atraviesa España. 

En medio de tanta penumbra, por no decir oscurantismo, lo que sí ha quedado meridianamente claro y a la vista de todos es el modus operandi del Gobierno, su habitual forma de gestionar y dar respuesta a los problemas: falta de transparencia, derivación de responsabilidades a terceros, retorcimiento de los hechos y ataques a la oposición. 

Como en tantas otras cuestiones, la combinación de arrogancia e incompetencia exhibida por el Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía y no contribuye a abordar con seriedad los retos de futuro —como el sistema energético—, cuya solución requiere debates serenos y constructivos, no ocurrencias, ni discursos demagógicos ni dogmatismos ideológicos. 

A España se le acumulan los problemas. Urgen soluciones para un país a la deriva y paralizado por la incapacidad de un Gobierno que carece de un plan más allá de sobrevivir y permanecer en el poder.

En lugar de generar amplios consensos para construir un proyecto de país y abordar un programa de reformas, el sanchismo aviva a su conveniencia la confrontación y la división. 

¿Cómo vamos a poder solucionar los problemas más acuciantes cuando el Ejecutivo dedica tanto esfuerzo a defenderse de los innumerables casos de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez? 

No se puede avanzar como país cuando lo urgente para el Gobierno es apagar los fuegos de los escándalos diarios de los ábalos y koldos, de la fontanera, de los tíos, sobrinas y demás parentela. Y de todo un elenco de personajes tan poco virtuosos vinculados a este Partido Socialista que venía a luchar por la igualdad y contra la corrupción. Menos mal que tenemos el “Gobierno más feminista y honesto de la historia de España”. 

Lo realmente prioritario para el Gobierno es atender con prontitud las demandas de sus socios radicales y nacionalistas, en un espectáculo cotidiano donde amenazas y cesiones bilaterales se imponen al deseable diálogo, a la elemental lealtad institucional y a la cooperación multilateral. Al final, unos territorios se ven privilegiados frente a otros considerados hostiles, cundiendo la sensación de que hay ciudadanos de primera y de segunda. 

El origen de esta dinámica perversa, que ataca directamente los principios de igualdad y solidaridad entre españoles, está en unos pactos de investidura que arrinconan por completo la noción de interés general en beneficio de quienes sostienen al Gobierno y de determinados territorios, y en perjuicio del conjunto de la nación, pero especialmente de comunidades como la valenciana. 

Hace unos días el expresidente Felipe González lanzaba al aire una pregunta: “¿Qué interés pueden tener Bildu o Puigdemont en que a España le vaya bien?” Permítanme que haga mía esta cuestión referida a Valencia y la Comunitat Valenciana, y respondan ustedes mismos.

Si el apagón, como decía al principio, es la metáfora de la situación de España, en la Comunitat Valenciana padecemos un gran apagón que nos aboca a un escenario de abandono político y de insostenibilidad financiera. 

Tras la tragedia más grave que hemos sufrido los valencianos, cuando más necesitamos el apoyo del Estado para llevar a cabo una reconstrucción colosal, lo que precisamos es unir esfuerzos, sentarnos a hablar de nuestras legítimas demandas, agilizar las ayudas y planificar las infraestructuras que nos protejan frente a futuras emergencias. Esta tierra no merece convertirse en un campo de batalla política, ni que nadie la utilice como plataforma de promoción personal.

Pero el Gobierno sigue sin atender lo solicitado mediante declaración institucional de todos los grupos políticos de la Diputación de Valencia: que se permita a los municipios afectados, a la Diputación y a la Generalitat que se superen los límites de las reglas fiscales durante los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027. Es imposible cumplir las exigencias de la normativa presupuestaria cuando tenemos que hacer frente a unos gastos extraordinarios para ejecutar las inversiones necesarias para la reconstrucción. 

Tampoco se ha respondido a la petición al Gobierno para que amplíe el número de municipios afectados por la Dana y los reconozca a todos los efectos. 

Por otra parte, la situación económica de la Generalitat se encuentra al límite, asfixiada por un sistema de financiación autonómico cuya reforma, “justa, solidaria y equitativa” se exige con insistencia. Mientras esto no ocurra, la Generalitat reclama un fondo de nivelación transitorio que nos equipare a la media. Además, se necesitan ayudas del Estado a fondo perdido para la recuperación económica y social. 

Los problemas de liquidez ponen en riesgo los servicios públicos fundamentales y el pago a los proveedores, por lo que también urge que el Gobierno apruebe el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que ha dejado de llegar por primera vez desde hace doce años. 

Ante una situación de absoluta excepcionalidad, ¿de verdad no es posible ocuparse de lo importante y mostrar mayor sensibilidad y responsabilidad? Desde la Diputación de Valencia seguimos apelando a remar en la misma dirección, a actuar con altura de miras y espíritu constructivo. Es lo que la ciudadanía nos demanda en tan críticos momentos.