VALÈNCIA. El problema de la vivienda sigue copando el debate social. La escasa producción de obra nueva frente a una ingente demanda que no para de crecer está presionando el mercado con alzas continuadas de precios que gran parte de la sociedad ya no puede asumir. Una tensión que para los expertos y las istraciones viene por parte de la oferta, por lo que la mayoría de soluciones que se están poniendo encima de la mesa pasan por sacar más producto al mercado. Y, en este contexto, expertos en Urbanismo abogaron este jueves por aprovechar la agilización de la tramitación que permite la nueva figura urbanística de Proyecto de Interés Autonómico (PIA), creada por el gobierno autonómico, para exigir que se incluya en ella el uso residencial con el fin de movilizar grandes bolsas de suelo que permitan sacar más vivienda al mercado.

Concretamente, los PIA son un instrumento creado por el actual Consell del PP que viene a sustituir y unificar los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES) y a los Proyectos Territoriales Estratégicos (PTE), que creó en la pasada legislatura el Botànic. Por tanto, esta herramienta permite agilizar aquellas iniciativas empresariales con gran impacto en la región que cuenten con una inversión mínima de 50 millones de euros en activos productivos y generen 200 empleos. Eso sí, solo serán isibles para usos de carácter terciario, industrial o logístico y, en el caso de las instalaciones energéticas, la inversión tendrá que ser de mínimo 75 millones de euros. Unos proyectos que, por tanto, no incluyen los de uso residencial, algo que rechaza el sector inmobiliario, que pide que también se recoja esta posibilidad para acelerar la salida de obra nueva en un momento de emergencia habitacional.

Así se puso de manifiesto este jueves en una mesa de debate sobre urbanismo, enmarcada en una jornada sobre Smart Cities, organizada por la Univeristat Politècnica de València (UPV), en la que participaron Borja Tomás, director del real estate del Grupo Gimeno; Antonio Piles, director general de desarrollo de negocio de Grupo Bertolín; Pedro Félix, director de valoración en CBRE Valencia; y Salma Cantos, directora del despacho de abogados Salma Cantos-Derecho Público. En la charla, los expertos abordaron la gravedad en el a la vivienda en la mayoría de ciudades españolas, pero especialmente en València por el crecimiento poblacional que está teniendo la ciudad, impulsado por los flujos migratorios de profesionales desplazados, nómadas digitales o extranjeros jubilados. Y, mientras tanto, se señaló que se construye a ritmos inferiores que hace unos años, impidiendo absorber las necesidades alojativas actuales.

En este sentido, Borja Tomás apuntó que en el pasado ejercicio de 2024, la población en Valencia creció en 100.000 personas, por la avalancha de extranjeros dada la baja natalidad en España, mientras que se transaccionaron 20.000 viviendas, de las que 18.000 unidades fueron de segunda mano y solo 2.000 de obra nueva. "En el ciclo inmobiliario de 2003-2008 hubo un superávit de un millón de viviendas, pero en el último periodo ha habido un déficit de 400.000 unidades. Por tanto, hay que facilitar el desarrollo de suelo en el área metropolitana de València y promover VPO o el problema seguirá agravándose", advirtió.

Por ello, Piles urgió a la Generalitat Valenciana a aprovechar la figura de los PIA para incluir el uso residencial y aprovechar los suelos que hay en el área metropolitana para movilizarlos y sacar nuevo producto al mercado que pueda destensionar el desequilibrio entre oferta y demanda. "Con ello podríamos mover en un año nuevo suelo para costruir viviendas", destacó. 

Lo cierto es que esta nueva figura en el ordenamiento urbanístico valenciano está bien valorada por el sector. Y, de hecho, ya se han beneficiado grandes inversiones como la de la multinacional Edwards Lifesciences, que ha elegido el municipio valenciano de Moncada para su sexta fábrica mundial de fabricación de válvulas cardíacas. La planta contará con una inversión de 150 millones y generará cerca de 1.200 empleos directos. Sin embargo, ahora desde el sector inmobiliario se reclama que también se tengan en consideración suelos de uso residencial ante el grave problema de la vivienda. 

En este sentido, Félix insistió en la necesidad de seleccionar entre entre cinco y cuatro grandes bolsas de suelo en el área metropolitana para poder atender la "emergencia habitacional" y hacer infraestructuras para favorecer la movilidad y los servicios. También, a lo largo del debate, se puso encima de la mesa la urgencia de revisar los planes urbanísticos vigentes para incorporar las nuevas fórmulas alojativas que se abren paso en el mercado como el flex living o el coliving para atender la nueva realidad social de la población.

Y todo ello a través de una simplificación istrativa y una agilización burocrática, exigencias históricas no solo del sector del 'ladrillo', sino de la mayoría de sectores productivos valencianos. De hecho, los expertos lamentaron el retraso en la concesión de licencias y los largos periplos istrativos que persisten todavía para sacar adelante iniciativas. Al respecto, Salma Cantos incidió en que desde 2006 existe un mandato europeo que apunta a "la buena y mínima regulación" de los Estados , lo que implica una reducción en los pasos de la tramitación. "El problema es de falta de implementación de esta obligación", expresó.

"Colapso inmobiliario"

Un escenario que ha provocado un "colapso inmobiliario", según calificó Vicente Llácer, CEO de la promotora valenciana Grupo Ática, en una ponencia sobre la situación de la vivienda. "No damos abasto porque la demanda es enorme, pero no tenemos capacidad de producir", lamentó. El principal escollo, según expuso, es la falta de suelo, pero también la escasez de mano de obra cualificada y las alzas de los costes de producción. Un cóctel que ha hecho que a nivel nacional se llegue con dificultad a las 100.000 viviendas anuales frente a las 700.000 que se levantaban "en la época de esplendor".

"La demanda tira con una fuerza brutal y nos ha desbordado", itió. "La oferta es escasa y esto es algo que se repite en todas las ciudades menos en las cabezas de comarca como Alzira, Gandia o Alcoy porque mucha gente no quiere vivir ahí. Lo que está sucediendo es que los jóvenes se están desplazando a las grandes ciudades", expresó. No obstante, reconoció que muchas personas no son capaces de comprar una vivienda por los altos precios, incluso teniendo trabajos estables y buenos sueldos. "Existe una descorrelación entre el precio de vivienda y los salarios", lamentó.

Por ello, urgió a la istración a establecer una colaboración público-privada real y a dotar de presupuesto la promoción de VPO. "Es fundamental que la istración lidere el desarrollo de viviendas y nosotros -promotores- acompañemos", incidió, para también poner de manifiesto la necesidad de liberar suelo, recalificar suelos dotacionales a residenciales y ayudar a los propietarios a movilizar sus viviendas vacías al mercado.