VALÈNCIA. Aumentar la oferta de vivienda asequible para rebajar la tensión en el mercado inmobiliario es uno de los grandes objetivos que se han fijado la mayoría de istraciones, entre ellas la valenciana, para facilitar el a los colectivos más vulnerables. Para ello, el Consell aprobó a finales del pasado año 2024 un nuevo decreto para regular la vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana con el objetivo de facilitar al sector privado el desarrollo de este tipo de inmuebles, tras años de escasa producción en tierras valencianas. Una norma muy aplaudida por los promotores, ya que ya ha generado el despertar de varios proyectos con esta calificación, y que incluía, entre otras novedades, un innovador y pionero sistema de cálculo anual del precio en función del comportamiento del mercado: el módulo dinámico. No obstante, esta herramienta todavía no se ha puesto en marcha, porque necesita de la aprobación por parte de la Conselleria del ramo de una orden que la reglamente, lo que ha llevado al tejido promotor a exigir su aprobación ante la persistencia del encarecimiento de los materiales.

Y es que la normativa de VPO, aprobada en diciembre del pasado año por el Consell, fijaba que para calcular el valor del módulo, que rige los precios de la VPO, se tendrían en cuenta los costes de la construcción, el precio de la vivienda de renta libre en cada municipio, la evolución demográfica y la renta media (personal o por unidad de consumo). Unos indicadores que se concretarían y establecerían "mediante una orden de la Conselleria" y que se "actualizarían anualmente". En un principio, se anunció que esa orden se aprobaría en enero, pero se está demorando más de lo previsto, impidiendo la revisión del precio de la VPO, tanto a alza como a la baja, en los diferentes municipios de la Comunitat. Por ello, el sector aprieta al Consell para que agilice esos trabajos para que salga el texto adelante. 

Mientras tanto, cierto es que el decreto fijó el precio máximo de venta en los 2.400 euros por metro cuadrado útil, pero será con este 'modulo dinámico' cuando este valor se actualizará para que se ajuste lo máximo posible a la situación inmobiliaria de cada ejercicio. De ahí el apellido 'dinámico'. En cualquier caso, el decreto señala que el precio medio de venta de la vivienda en régimen libre no podrá superar, "por exceso o por defecto, al menos en un 20% el valor estándar de vivienda protegida". 

Desde Conselleria aseguran a este diario que actualmente la Dirección General de Vivienda está analizando las variables que compondrán este módulo dinámico, entre ellas, la evolución de los costes de edificación analizada por el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) y los precios medios de venta de nueva construcción elaborados por el Observatorio de la Vivienda de la UPV. "Estos cálculos, que estarán disponibles para su entrada en vigor durante el último trimestre de 2025, serán publicados mediante la correspondiente orden de la Conselleria", aseguran. 

No obstante, para el sector esta cuestión apremia porque si se consigue sacar al mercado más vivienda protegida, el precio actual en el mercado se rebajaría de forma sustancial. Así se puso de manifiesto en una mesa redonda de expertos, celebrada en el marco del IX Congreso AIRE 2025, en la que participaron la delegada en la Comunidad Valenciana de Grupo Lobe, Alicia Mancheño; el CEO Grupo Ática, Vicente Llácer; el director territorial en la zona de Levante de Metrovacesa, Pablo Andreu; el director territorial de Levante Landco, Rubén Rojas; y el director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda, Fernando Cos-Gayón, como moderador.

Además de esta exigencia de cumplimiento de la normativa, desde el sector se exigió a la istración que lidere las soluciones al problema de la vivienda. "Nosotros sabemos hacer viviendas, pero el problema de la vivienda tiene muchas puntas y el que tiene que liderar la solución es la istración", remarcó Mancheño de Grupo Lobe. En este sentido, defendió el papel de los promotores como actores principales en la producción de inmuebles para negar que el sector tenga "la culpa" de la crisis generada, como algunas voces les achacan.

Reconversión de suelo dotacional y 'expropiación forzosa' de suelo

Asimismo, los expertos plantearon como soluciones la posibilidad de usar el suelo dotacional para la promoción de vivienda pública, ya que, como señaló Rubén Rojas de Landco "es mucho más fácil actuar en el corto plazo para la istración sobre los suelos dotacionales, ya que hay una cantidad de metros brutal" y muchos de ellos llevan años paralizados.

Asimismo, se puso encima de la mesa como otra medida la expropiación forzosa de suelo, que recoge la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), cuando el propietario lleve años sin movilizar ese solar con el objetivo de paliar el tremendo desajuste entre la falta de suelo y vivienda y la gran demanda existente en el mercado. "Tener un solar conlleva también unas obligaciones", apostilló Andreu de Metrovacesa, para quien ha habido "una política de vivienda inexistente durante muchos años" y revertir esa situación no se resuelve "en el corto plazo".

Por su parte, Llácer de Ática lamentó que las políticas en esta materia cambien en función del partido político que gobierne en cada legislatura, lo que impide que se generar una estretegia sólida en el largo plazo. Por ello, pidió al sector "valentía" para rebelarse y reivindicarse. "Tenemos que rebelarnos porque si no, los jóvenes y no tan jóvenes no van a tener vivienda", remarcó.