VALÈNCIA. La reinscripción en el registro de viviendas turísticas de los 24 bajos de un edificio de Safranar ha vuelto a poner sobre la mesa un debate más amplio. El de la proliferación de esta tipología de alojamientos en València pese a la moratoria de licencias en vigor o la nueva Ley de Propiedad Horizontal, que establece que las comunidades de propietarios pueden prohibir la actividad de alquiler turístico en sus edificios si cuentan con el voto favorable de 3/5 de los vecinos.

En el caso de las viviendas turísticas de Patraix se dan varios supuestos que generan controversia por su aparente contradicción con la legislación en vigor. No obstante, una ‘zona gris’ en la normativa avalaría que estos bajos puedan inscribirse en el registro y poder operar pese a la oposición vecinal y la moratoria.

La clave jurídica que ha permitido esta nueva alta se basa en dos cuestiones. Por un lado, estas viviendas obtuvieron licencia antes de que entrase en vigor la suspensión aprobada en mayo de 2024 y esta moratoria no tiene carácter retroactivo. No obstante, para su inclusión en el Registro de VUTs, Turisme también solicita un certificado de compatibilidad urbanística favorable emitido como máximo 6 meses antes. Este certificado lo debe elaborar el propio Ayuntamiento donde se ubique la vivienda o una Entidad Colaboradora Urbanística de Verificación (ECUV). En este sentido, la Ley autonómica 9/2024 en su articulo 47 bis punto 2 establece que: “A efectos turísticos (…) se podrá aportar un certificado favorable emitido por las ECUV, “siempre que el planeamiento municipal esté zonificado y contenga previsiones sobre las viviendas de uso turístico”.

Certificado de compatibilidad del 17 de marzo

En este caso, según ha podido consultar Valencia Plaza, la empresa promotora de los 24 apartamentos cuenta con un certificado de compatibilidad urbanística favorable fechado el 17 de marzo de 2025, elaborado por una (ECUV) autorizada por la Generalitat. Aunque el documento fue expedido tras la entrada en vigor de la moratoria —aprobada el 28 de mayo de 2024 y publicada en el DOGV el 30 de mayo—, confirma que el uso turístico “es compatible con el planeamiento urbanístico y con las ordenanzas municipales relativas al mismo”. Por ello, la Conselleria de Turisme ha considerado que se cumplen los requisitos exigidos por la normativa autonómica, procediendo a la inscripción.

Y es que, aunque la moratoria pretende frenar la apertura de nuevas viviendas de uso turístico mientras esté en vigor, no se interpreta como un cambio en el planeamiento urbanístico. Esto abriría la puerta a que, mientras no se apruebe de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana —actualmente en exposición pública—, los proyectos que ya contaran con una licencia de obras previa a la moratoria pudieran seguir obteniendo certificados de compatibilidad urbanística y, con ellos, acceder legalmente al registro autonómico de viviendas turísticas.

El segundo resquicio por el que se han ‘colado’ estas viviendas turísticas tiene que ver con el artículo 78 de la citada ley autonómica, que señala que se procederá a dar de baja del registro a aquellas viviendas que no hubiesen iniciado la actividad pasados dos meses desde la presentación de la declaración responsable. Ya el pasado mes de marzo, la Inspección de Turismo abrió expediente para proceder a dar de baja a estos apartamentos ya que había vencido el plazo desde que presentaron la declaración responsable sin que se hubiese comenzado a operar.

Baja voluntaria

Sin embargo, y antes de que finalizase el proceso, la empresa decidió darse de baja voluntariamente del registro, con lo cual se tuvo que cerrar el expediente sin penalización. De lo contrario, la empresa tendría que haber esperado mínimo tres meses para volver a reclamar su reingreso en el registro. Gracias a este movimiento, la promotora pudo solicitar de nuevo el alta en dicho registro un día antes de que entrase en vigor la Ley de Propiedad Horizontal. Esta ley permite a los vecinos oponerse a que se instalen viviendas turísticas en su edificio si cuentan con el respaldo de 3/5 de los vecinos. 

En todo caso, Turisme ha señalado que enviará una inspección para comprobar si esta vez se ha iniciado la actividad ya que el plazo de dos meses está próximo a vencer de nuevo. Si no se demuestra su funcionamiento efectivo se abrirá un expediente para su baja de oficio. Desde la comunidad vecinal del Residencial Nicet, donde se ubican los bajos, sostienen que las obras aún no están terminadas y que los inmuebles carecen de luz y agua, algo que niegan desde la empresa. La promotora asegura que ya han iniciado la actividad y que incluso habrían alojado a los primeros huéspedes.

Los vecinos piden que se suspenda el registro

Los vecinos lamentan que la nueva inscripción "se produce en un contexto especialmente sensible, ya que el Ayuntamiento de València mantiene en vigor una moratoria con el objetivo de frenar la presión del turismo sobre el tejido residencial". Además, subrayan que se ha modificado tanto la Ley de Turismo autonómica como, recientemente, la Ley de Propiedad Horizontal, "reforzando el papel de las comunidades de vecinos para limitar este tipo de actividades". En este sentido, hacen hincapié en que la comunidad de propietarios del edificio "modificó en mayo de 2024, meses antes de iniciar las obras, sus estatutos para impedir el uso turístico de las viviendas", una modificación que la promotora recurrió. Por todo esto, solicitan a la Conselleria de Turisme que "impida" que la promotora "esquive las normas urbanísticas".

Tras conocerse la reinclusión en el registro de estos bajos turísticos las reacciones de la oposición no se han hecho esperar,  la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha criticado que la Generalitat "dé vía libre" a nuevos apartamentos turísticos en el barrio "haciendo caso omiso a la moratoria" y ha señalado que "el PP le dice una cosa a los vecinos y luego actúa en sentido contrario desde la Generalitat". Por su parte, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuan, ha lamentado que María José Catalá “no haya hecho absolutamente nada para cumplir la promesa que dio a los vecinos de Safranar de que no iba a permitir que bajo sus viviendas se abrieran 24 apartamentos turísticos”. Ambos portavoces consideran que el modelo turístico de la ciudad debería revisarse.