VALÈNCIA. Ahí sigue, todavía en el aire, la posibilidad de que la jueza encargada de la instrucción sobre la Dana decida la acumulación de las acusaciones personadas en la causa. Las defensas de los dos investigados, la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, solicitaron a la magistrada que ponga orden en lo que se puede considerar una macrocausa, con una cuarentena de acusaciones, entre acusaciones particulares y populares. Sin embargo, algunas de ellas ya han empezado a mostrar su desacuerdo.

Las defensas acusaban en sus escritos la gran cantidad de partes a las que tenían que responder y las disfunciones que ello estaba generando en el procedimiento llegando incluso a vulnerar el derecho a la defensa de los investigados, con notificaciones tardías e interrogatorios interminables. Y pedían, por ello, especialmente el abogado de Pradas, aglutinar por una parte las acusaciones particulares -que representan a familares afectados por la catástrofe- y por otra, las acusaciones populares -partidos, asociaciones y entidades-.

Esta petición supondría que, de no haber acuerdo, la primera acusación popular que pagó la fianza, Podemos, se encargaría de dirigir la representación del resto. Sin embargo, diferentes partes ya han presentado a la instructora sendos escritos oponiéndose, negando que haya habido dilaciones y recordando la gran disparidad de pretensiones entre las partes. Así lo han manifestado ya el sindicato FETA-CGT, la asociación agraria AVA o el partido Vox, pero también una acusación particular. Otras como Ciudadanos han avanzado que se opondrán -pueden hacerlo hasta mediados de mes- mientras que hay quienes prefieren esperar una decisión de la jueza para, entonces, recurrirla.

"Procedimiento fluido" y "disconformidad" entre las acusaciones

En el escrito presentado por FETA-CGT, por ejemplo, insiste en que hasta ahora "no consta en absoluto que se haya producido dilación" en el trámite por la cantidad de acusaciones ni que se haya producido "la suspensión de ninguna diligencia" por la actuación de alguna de ellas o que se hayan "repetido actuaciones inútiles o perjudiciales o se haya distorsionado la marcha del procedimiento". "No entendemos cuál es el fundamento que justifique esas dilaciones", señala el escrito de CGT, que considera que la actividad "ha sido muy nutrida y numerosa y sin embargo el adjetivo más apropiado para el procedimiento es, no cabe duda, fluido".

Así, recuerda en base al criterio del Tribunal Constitucional que la acumulación de las acusaciones ha de ser "una medida excepcional, de aplicación en casos muy justificados". También que hay que conciliar los principios del derecho a la defensa y a un proceso sin dilaciones indebidas "sin que la economía procesal deba producir una merma de este derecho ni de la libertad de representación y defensa, que exige un respeto absoluto por la istración de justicia".

En ese sentido, las alegaciones del sindicato recalcan que "la actuación mayoritaria" de las acusaciones está siendo "de colaboración con el órgano judicial y ajena a cualquier dilación que se pueda producir en la tramitación de la causa". Aunque reconoce como "obvio" que hay "disconformidad entre las pretensiones de unos y de otros a tenor de las imputaciones solicitadas y de las diligencias de prueba solicitadas". Una circunstancia que, "ya de por sí justifica la no unificación de las acusaciones", arguye.

"Obviamente, cuanto más complejo es el procedimiento y mayores son las diligencias que practicar o mayor número de ivnestigados y partes se encuentran en las mismas, mayor será la duración de la instrucción y obviamente, cuantas menos partes intervengan, menos diligencias se instarán y menos traslados se producirán, pero tal objetivo no puede prevalecer sobre los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al de un procedimiento con plenas garantías", apunta al respecto, a lo que añade que, en su caso el sindicato "tiene intereses propios como es la defensa de los derechos de los trabajadores" de manera que, aunque haya una tendencia generalizada a agrupar las acusaciones, deberían analirzarse "las circunstancias de cada caso".

Son argumentos similares a los empleados, por ejemplo por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), personada como acusación popular recientemente. "Como el Juzgado será conocedor en la presente causa no dilatarían la instrucción al ser per se ya una causa compleja que ha llevado a que su titular se encargue en exclusive", asegura su escrito, que también cita al Tribunal Constitucional para defender, según sus palabras, que las acusaciones "puedan encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y consideren más adecuado". "Entendemos que el derecho fundamental a la defensa y asistencia letrada predomina sobre el de un proceso sin dilaciones indebidas", concluye la asociación.

Vox cree que sería "antinatural"

Por su parte, Vox recuerda que la normativa faculta al magistrado a decidir sobre la unificación sin que ello "le obligue" a ello. "No ha existido ninguna circunstancia, hecho o actuación que suponga siquiera el riesgo de que pudieran producirse dilaciones indebidas", sostiene el partido, que insiste en que la jueza se encarga exclusivamente de esta causa, por lo que "el riesgo" de las dilaciones es "del todo inexistente". El partido reconoce "el buen proceder en cuanto al ritmo"y el "orden del proceso a pesar de la complejidad de la investigación", y defiende que el criterio a adoptar debería ser "el que menos limite y constriña la capacidad de actuaciones".

Vox trae a colación otro caso similar donde el instructor negó que la tendencia a la acumulación debiera convertirse en regla general y fijaba que cada parte de presentarse "por sí sola con la excepción de aquellos casos en que pueda haber confluencia de intereses entre las distintas acusaciones". Ese criterio, señalaba el magistrado, era "fundamental a valorar de cara a la unificación, en la medida que su dispersión, siendo una pluralidad, pueda afectar a la buena marcha del proceso". Por ello, decía, debía "apreciarse una suficiente convergencias de intereses e incluso de puntos de vista en la orientación de la actuación procesal".

Así, el partido recuerda el valor de la acusación popular como derecho fundamental y defiende que la unificación "supone una limitación al ejercicio en cuanto la dirección tiene la exclusividad decisoria de la estrategia". Y recalca que sería "un tanto forzado" unificar acuasciones "por las diferentes perspectivas", que se hace "tan evidente" que incluso sería "antinatural". Es precisamente, dice Vox, "el análisis de la naturaleza de las acusaciones la que ahonda en estas diferencias que más que impedir, aconsejan que no se proceda a la limitación de actuación" aplicando asó "un lógico criterio de razonabilidad".