VALÈNCIA. La investigación judicial de la Dana ya se preveía compleja antes de que empezase. Tanto la gran magnitud de la catástrofe, con 228 víctimas mortales y otros muchos damnificados, como su carácter mediático avanzaban un proceso denso y largo. La jueza instructora del 3 de Catarroja, centrada exclusivamente en esta causa tras ser liberada del resto de asuntos, dirige la instrucción con la diligencia que le permite la existencia de hasta 40 acusaciones, entre acusaciones particulares y populares, y dos personas investigadas, además del Ministerio Fiscal.

Por ello, las defensas de la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso han convergido en pedir a la magistrada que acumule las acusaciones y reduzca los frentes tanto por economía procesal como para asegurar el buen devenir del procedimiento. Una estrategia que, por otra parte, supondría una limitación notable para aquellas partes que se vieran aglutinadas con otras y que, hasta ahora, han gozado de autonomía para preguntar en las comparecencias, recurrir las decisiones de la jueza o simplemente solicitar diligencias.

Algunas partes consideran que sería demasiado tarde para llevar a cabo esta acumulación y que lo normal sería haberlo hecho al inicio de la instrucción y no ahora, con muchas diligencias ya practicadas y parte de las declaraciones realizadas -sobre todo, a los dos investigados y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé-. Pero otras no lo ven descabellado y refieren durante los interrogatorios preguntas fuera de lugar, reiterativas o simplemente evitables porque las respuestas ya se habían dado a lo largo de las comparecencias. Al final, todos los personados buscan su hueco y dirigir la instrucción conforme a sus intereses, con la carga burocrática que ello conlleva.

La magistrada había preguntado a la defensa de Pradas -la primera que había planteado esta cuestión- "sobre qué criterios" pedía la acumulación dadas "las posturas claramente divergentes" de las diferentes acusaciones. No hay que olvidar que además de las decenas de acusaciones particulares -representan directamente a familiares-, entre las cuales está la asociación SOS Desaparecidos así como otros abogados que defienden a una o varias familias, están personados como acusaciones populares varios partidos de distinto signo (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos (FTAP-CGT, Intersindical Valenciana) y otras asociaciones (Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més), todos ellos con su propia estrategia y persiguiendo unos objetivos particulares.

Este viernes, el abogado de Pradas respondió al requerimiento. Respecto a las acusaciones populares consideró "razonable" que sean ellas las que se pongan de acuerdo para "decidir quién ejercerá una representación única" o, en su defecto, que la jueza designe a la primera que se personó. Esto daría como resultado una 'macroacusación' popular tan curiosa que integraría a todas las fuerzas políticas, sindicatos y las mencionadas asociaciones -Liberum podría salirse por ser también acusación particular-, y si no se ponen de acuerdo, Podemos podría llegar a representarlas a todas puesto que fue el primero en personarse y pagar la fianza de 6.000 euros.

El abogado de Pradas ya había puesto la tirita antes que la herida y, en su primer escrito, aseguraba que el argumento de que hay partidos de diferente ideología "no puede ser itido en modo alguno": "El signo político de las acusaciones es absolutamente irrelevante, pues lo que se persigue en todo proceso penal es la persecución de un interés general, consistente en el esclarecimiento de unos hechos y su posible respuesta en el ámbito penal, lo que es absolutamente ajeno al debate político que no tiene su sitio en un procedimiento penal", decía.

En este segundo escrito insistía en que la jurisprudencia reconoce que a las acusaciones populares "no se les debe conceder el privilegio de actuar separadamente dado que el fin que persiguen en cualquier procedimiento, sin perjuicio de que representen ideologías o intereses distintos, es el mismo". Está por ver si la jueza se aviene a estos argumentos, a los que se suman la petición de acumulación de las acusaciones particulares, que según la defensa de Pradas tienen en común la búsqueda del "esclarecimiento de las causas que llevaron a tan lamentable resultado y por ende, a su correspondiente reparación". Por ello, sostiene que su unificación estaría justificada "con el objetivo de evitar la densidad del proceso" sin que se merme "derecho alguno" de los perjudicados.

Interrogatorios eternos, notificaciones erróneas o gran cantidad de recursos

Por su parte, el abogado de Argüeso insiste en la necesidad de la acumulación para garantizar "el buen orden del proceso o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". En ese sentido, señala que la "tremenda cantidad de acusaciones, única en la historia de España que su señoria está permitiendo, limita el derecho de defensa" de los acusados al resultar "imposible poder impugnar los recursos de decenas y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos y peticiones de prueba que realizan".

A ello hay que sumar la extensión que acaban teniendo algunas declaraciones. La más extensa fue la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se alargó durante casi siete horas "sin el menor receso para almorzar, acudir al baño o permitir el descanso a los letrados intervinientes y a la propia testigo", exponía en su primer escrito el letrado de Pradas. La defensa del ex secretario autonómico considera que los interrogatorios tienen "una duración excesiva". "Interrogatorios que deberían durar menos de una hora, acaban durando jornadas entera en sesiones de mañana y tarde, y con ello se retrasa injustificadamente el proceso, y además es imposible a esta parte poder hacer frente a preguntas de decenas y decenas de acusadores", sostiene.