VALÈNCIA. Las dificultades crónicas de tesorería que arrastra la Generalitat Valenciana desde hace años encuentran también su reflejo en el plazo de los pagos a proveedores de la istración autonómica, que entre febrero y abril de 2025, el último mes para el que se han publicado datos, ha crecido de media en más de doce días hasta situarse en 38,57 días, ocho por encima del periodo máximo que establece la normativa, que es de treinta. De hecho, son varias las entidades dependientes del erario público valenciano en las que el plazo medio de pago mensual está incluso por encima de los cien días.

Así se desprende de las cifras que maneja la Intervención General de la Generalitat Valenciana y que han sido recientemente actualizadas por la Conselleria de Hacienda, en las que se observa además cómo esta situación de tensión en relación a los recursos públicos no es nueva en la autonomía valenciana. Esta vez, eso sí, el repunte advertido en los datos coincide con las advertencias y reclamaciones del Consell, que esta semana señalaba una situación límite al desvelar una deuda comercial de 1.455 millones de euros ante la que pedía la aprobación urgente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, conocido como Extra FLA.

En cualquier caso, el aumento del plazo medio de pago a proveedores por parte de la Generalitat Valenciana se sitúa ya muy cerca de los 40 días, una cifra que supone un retroceso notable respecto al ritmo de los pagos observado en 2025, donde el periodo medio llegó incluso a caer hasta los 26,34 días en febrero, pero que fue más que habitual a lo largo del pasado ejercicio. De hecho, la demora media anotada por la Generalitat Valenciana en sus pagos a proveedores ascendía en enero de 2024 a los 54,6 días, un registro que no se alcanzaba desde septiembre de 2018.

De este modo, el plazo medio de los pagos a proveedores de la Generalitat Valenciana se disparó en el primer mes del pasado año y se redujo progresivamente hasta anotarse ahora un nuevo repunte. En la última década, las dificultades de la istración autonómica para hacer frente a las obligaciones comerciales muestran un peor desempeño en el primer trimestre de 2015, y en concreto en el mes de marzo, donde se rozaron los cien días. Más allá de las dificultades de financiación que arrastra el territorio valenciano, esa elevada cifra, que triplica con holgura el plazo máximo previsto por la normativa, sería también consecuencia del deterioro financiero que se produjo en España tras el estallido de la crisis económica de 2008, que fue acompañado por un significativo aumento tanto de los plazos de pago como de la deuda comercial.

De hecho, el primer mes de los últimos diez años en el que la Generalitat Valenciana logró ajustarse a los periodos de pago establecidos legalmente fue diciembre de 2017, cuando registró un plazo de pago de 26,51 días, aunque la cifra volvería a crecer justo después y no volvería a reducirse hasta esas cotas hasta dos años después. Así, lo más habitual en aquellos años era que los pagos a proveedores se situaran por encima de los 60 o incluso los 70 días de media, con meses incluso en los que puntualmente se superaban los 80. En cambio, el periodo en el que la istración autonómica mejor se ajustó al periodo de pago se encuentra entre agosto de 2020 y julio de 2023, fechas entre las que siempre fue inferior a los 30 días.

Deuda comercial

El pasado jueves, durante una reunión mantenida con representantes de empresas proveedoras de la Generalitat Valenciana a la que también acudió la consellera de Hacienda, Ruth Merino, el presidente autonómico, Carlos Mazón, desveló que el territorio valenciano acumula una deuda comercial de 1.455 millones de euros. Buena parte de esas facturas, no obstante, son las no contabilizadas en 2024 por falta de presupuesto, y que por tanto no se reflejarían ni siquiera en las demoras de los pagos a proveedores que aparecen en la estadística actualizada cada mes por la Intervención General.

Según los datos que aportó el propio Mazón, serían 1.175 millones de euros de esa deuda comercial los que estarían en la cuenta 413, de facturas que no se pudieron tramitar, de las cuales el 79% son de sanidad, el 8% de servicios sociales y el 5% de educación. A ello habría que añadir 413 millones en facturas que sí están contabilizadas y pendientes de pago. Del mismo modo, el jefe del Consell reveló también la cifra de deuda actual de la Generalitat Valenciana: 60.632 millones.

“Esta situación no se produce por un problema de gastos, no estamos gastando más que nadie, sino de menores ingresos debido al sistema de financiación autonómica”, expresó Mazón el pasado jueves. El presidente valenciano recordó además que la Comunitat Valenciana “es de las que mantiene todavía una mayor presión fiscal, muy por encima de la media”, una realidad que, según ha añadido, “no se merecen los valencianos”. En la última actualización de los datos de pago a proveedores que el Ministerio de Hacienda y Función Pública publica para todas las autonomías, referidos al mes de marzo, solo la Comunitat Valenciana (31,12) y Asturias (35,14) superaban el periodo máximo de pago establecido en la normativa.

Datos por entidades públicas valencianas

En el mes de abril de este año, y según las cifras que publica la Generalitat Valenciana, aunque el plazo medio global es de 38,57 días algunas entidades públicas empeoran con creces ese periodo, que en determinados casos supera incluso los cien días. Sucede así por ejemplo con la Fundación de Oftafmología Médica de la Comunitat Valenciana, cuyo periodo medio de pago es de 186,55 días, o el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, donde se encuentra en más de 160. Al mismo tiempo, en la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia el plazo sería de 138,72 días y en la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital estaría en 130.

En el extremo opuesto, un amplio número de entidades consigue mantener plazos notablemente por debajo del máximo legal de 30 días. Entre ellas destacan universidades y fundaciones vinculadas a la investigación, como la Universidad Politécnica de Valencia (7,93 días), la Fundación General de la Universidad de Alicante (5,80 días) o la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe (4,29 días).