VALÈNCIA (EP). La concejala del PSPV en el Ayuntamiento de València Elisa Valía ha denunciado que, mientras la alcaldesa María José Catalá "se empeña en abrir una innecesaria" oficina antiocupación para que los propietarios "pongan alarmas o explicarles cómo conseguir juicios rápidos", su equipo de gobierno es "incapaz" de solucionar el problema de las viviendas municipales ocupadas de Plan Cabanyal.
"Catalá ha sido noticia nacional por su propuesta de oficina antiocupación cuando todo el mundo sabe que no existe un España un problema real de ocupación", ha expuesto, en un comunicado. Dicho esto, ha sostenido que donde "sí que existe sin que ella no haya hecho nada por solventarlo es en Plan Cabanyal, ya que la mitad de las 53 viviendas municipales están ocupadas".
En este sentido, a los socialistas "no les extraña" el anuncio de Catalá porque se trata de un "intento de contentar a la ultraderecha y de desviar la atención de la descomunal crisis de gobierno que tiene abierta y que están provocando un problema de debilidad política muy preocupante para la ciudad". Sin embargo, "lo que resulta sorprendente es que pretenda asesorar en esta materia quien tiene la mitad de las viviendas de la sociedad municipal Plan Cabanyal ocupadas".
Valía ha explicado que actualmente, tal y como consta en la información facilitada por el propio Ayuntamiento respecto a la situación de Plan Cabanyal, el consistorio dispone de 53 viviendas en propiedad en el barrio. De todas ellas, ha detallado, la mitad, 26, no se encuentran disponibles porque tienen una ocupación "no autorizada".
Ante esta situación, ha cuestionado la "inactividad" del gobierno municipal --integrado por el PP y Vox-- en materia de vivienda, "más allá de medidas inútiles" como la creación de la oficina antiocupación: "No ha hecho absolutamente nada para amortiguar el incremento de los precios de la vivienda y del alquiler. Ni tan siquiera ha puesto en marcha las limitaciones al alquiler que le permite la Ley de Vivienda y se nos va agotando la esperanza de que, antes de que concluya la legislatura, Catalá haga algo para que las familias de la ciudad no sean expulsadas de sus barrios".
"Desmantelamiento sistemático" de servicios sociales
Por otro lado, la concejala del PSPV Maite Ibáñez, en sendo comunicado, ha denunciado el "desmantelamiento sistemático" de los servicios sociales por parte del equipo de gobierno y ha advertido de que esta situación provocará que dos centros de acogida de personas sin techo --los del Carmen y Rocafort-- y más de 50 plazas en pisos de acogida que gestionaba la Fundación Amigó "permanezcan cerrados al mismo tiempo" y, por lo tanto, "se supriman 106 plazas municipales por un tiempo indeterminado mientras se dispara la cantidad de personas sin recursos que viven en la calle".
"Este gobierno está demostrando día a día su aporofobia. No solo persigue a las personas sin techo sino que, además, está dejándolas sin recursos públicos", ha censurado la edil, al tiempo que ha advertido de que este recurso municipal "es el tercero que se cierra bajo el gobierno de Catalá".
"Es indignante que este gobierno esté empujando a la calle a más de un centenar de personas que podían hacer uso de los servicios municipales cuando, además, se ha duplicado el número de personas que viven en la calle como acredita el Informe Anual de Sugerencias y Reclamaciones como consecuencia de la política de recortes de Catalá", ha lamentado.
Ante esta situación, Ibáñez ha exigido al gobierno de Catalá que "rectifique sus recortes" en materia de atención social, que "se deje de excusas" y que "reabra los tres centros que permanecen cerrados y que permiten atender diariamente a más de un centenar personas sin hogar".
"Cinismo y mentiras" de la izquierda
En respuesta a Ibáñez, fuentes del equipo de gobierno han desmentido las afirmaciones de la concejala socialista y han lamentado que no pasa ni "un día que no deje de sorprendernos el cinismo y las mentiras de la izquierda". En cualquier caso, han aprovechado para reivindicar "el gran trabajo que realizan a diario técnicos municipales, entidades y ONG que trabajan de forma conjunta, lo que se traduce en 945 plazas diarias para asistir a los más vulnerables".
Dicho esto, han instado a los socialistas a "contar la verdad de la situación que dejaron" con su gestión en el consistorio y que, según estas fuentes, "ha obligado al Ayuntamiento a prescindir de dos locales, el Casal Esplai y el albergue de Carmen, el primero por graves carencias por falta de mantenimiento y el segundo por no tener ni la más mínima medida de seguridad para ser un albergue".
No obstante, han matizado que el cierre en el Carmen "no significa la supresión de plazas" y han asegurado que el equipo de gobierno "busca soluciones y trabaja con la misma entidad para triplicar las plazas actuales en un nuevo local", mientras en el Casal se trabaja en "terminar el proyecto de reforma para ejecutarlo y recuperar el espacio".
Asimismo, han apuntado que el CAES de Santa Cruz de Tenerife "se va a abrir de forma continuada desde mayo y, además de duplicar la propia capacidad, que pasará de 25 a 50 plazas de forma permanente y no tres meses al año, como hacía el gobierno de la izquierda". "Por tanto, no toleramos lecciones del PSPV cuando dejaron un servicio en precario cuando es el que más recursos e inversiones necesita", han remarcado.
