VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha decidido no prorrogar la concesión de varios restaurantes ubicados en la zona de La Marina, que tendrán que cerrar sus puertas y su futuro quedará a la espera de la decisión municipal. Así lo ha confirmado el gobierno local, cuya concejalía de Grandes Proyectos, dirigida por José Marí Olano, es la responsable de la gestión del patrimonio municipal en este enclave

"Desde el Ayuntamiento se ha decidido no prorrogar la concesión porque se quiere apostar por otro modelo de ocio", han señalado desde el ejecutivo municipal, según el cual "la zona se ha convertido en muchas ocasiones en una zona de botellón con música que incumple la normativa musical respecto a contaminación acústica". El Ayuntamiento había otorgado dos prórrogas as los concesionarios, la primera hasta el 31 de enero y la última hasta el 4 de mayo, este domingo, como adelantó Valencia Plaza.

A partir de este momento, y tras el último día de servicio al público -el Ayuntamiento ofreció esta fecha concreta para que los arrendatarios pudieran aprovechar el puente del 1 y 2 de mayo-, disponen hasta el 31 de mayo para desocupar los locales "de una forma ordenada", apuntaron desde la concejalía al respecto. Los negocios afectados son cuatro restaurantes con terraza ubicados a las faldas del icónico edificio -El Camarote, Destino Puerto, Dos Lunas Beach y Vlue Arribar- y un quiosco explotado por un chiringuito más próximo al Marina Beach. 

Así pues, la decisión municipal de no dar una nueva prórroga obligará a los negocios a abandonar las instalaciones aunque los afectados han recurrido la resolución del Ayuntamiento y prevén una batalla legal. Los empresarios ubicados en este enclave, agrupados en la asociación Marina , buscan que el consistorio prorrogue las concesiones hasta que, si se convoca un nuevo concurso, se decidan sus adjudicatarios para evitar que las instalaciones queden vacías durante un espacio de tiempo indeterminado.

En ese sentido, los restaurantes han denunciado que la ausencia de licitación "puede suponer el cese de más de 400 trabajadores", de los cuales una tercera parte resultaron afectados por la Dana. "Supondría un problema para ellos", ha dicho el portavoz del bufete Chapapría-Navarro & Asociados, Juan Chapapria.  Además, criticaron que "desde el ayuntamiento, se ha comunicado el envío de agentes de la Policía Local a partir de la próxima semana para comprobar si los locales están cerrados o no".

Chapapria ha manifestado que los adjudicatarios "cumplen con todos los requisitos que el Consorcio Valencia 2007 solicitó en su día y también con lo que se ha demandado desde delegación de Patrimonio en la actualidad". Además, los negocios insisten en que su cierre hará que la zona quede vaciá y "podría convertirse en un espacio de botellón y ocupación de los locales con la consiguiente peligrosidad y molestias que ello supondría para la población". También sostienen que generan "pocas molestias" y que esperan contar con el respaldo de la Federación de Hostelería de Valencia.

Desde el Ayuntamiento recordaron que, en las dos prórrogas, los arrendatarios aceptaron las condiciones y "saben desde que firmaron que un contrato de arrendamiento es, por definición, temporal", por lo que vincular la destrucción del empleo a la no continuidad de la concesión es "una crítica gratuita". Además, insistieron en que no ha habido ninguna orden de cierre de los locales "ya que la obligación de cierre fue asumida voluntariamente por los arrendatarios al aceptar y firmar las prórrogas".

En esta zona se encuentra también otro local donde hace poco más de un año la Fundación Asindown inauguró, bajo el nombre La Mare Que Va, un centro de formación en hostelería para la inserción de personas con síndrome de Down. En este caso, la autorización no caduca al mismo tiempo que al resto de locales porque cuenta con plazos más extensos.

Todas estas instalaciones se sitúan en terrenos que en su día fueron cedidos por el Puerto de València al Ayuntamiento y que este, a su vez, los cedió al Consorcio València 2007 para la organización de la Copa América de vela. Una vez el ente ha entrado en fase de liquidación tras pagar su deuda el Gobierno de España, estos locales, entre otros múltiples inmuebles, como el Veles e Vents o los Docks, han vuelto a manos del consistorio.